Imaginación no punitiva y militancia

El abolicionismo penal según el “primer LTF”:

El abolicionismo penal es una corriente de pensamiento y/o un movimiento social cuyo principal objetivo es la erradicación de la cárcel y el sistema penal en su conjunto.

Para el abolicionismo penal los “delitos” son conflictos entre partes. Ni más ni menos que eso. Conflictos que en algún “tiempo” y “espacio” el poder de turno etiquetó de esa manera, respondiendo a ciertos intereses y circunstancias claramente identificados con las ideologías dominantes que, desde tiempos inmemoriales, permanecen ocupando espacios de privilegio a costa de la opresión y sometimiento de la gran mayoría de la población del planeta.

El delito como tal no existe. Es una mera construcción socio-política. Su ontología es cuasi mítica. Su “categorización” y/o “etiqueta” debe ser necesariamente contextualizada. Por sólo citar un ejemplo, no casualmente en pleno auge de la revolución industrial, durante la segunda mitad del siglo XIX, la vedette de los Códigos Penales de entonces fueron los “delitos contra la propiedad”. Política, economía y sistema penal son nociones que siempre deben ser analizadas en conjunto. A no pasar por alto este detalle.

Un abolicionista penal cree que los conflictos deben ser regulados teniendo en cuenta ciertos principios fundamentales:

Debemos buscar soluciones y/o respuestas que favorezcan a ambas partes y que no contribuyan al agravamiento del incidente, tal cual lo hace la cárcel y el sistema penal en todas sus formas.

Debemos acercar a los directamente involucrados, devolverles el conflicto que otrora les fuera expropiado por el Estado y darles el protagonismo que realmente merecen.

Incentivar la creatividad de los que vívidamente padecieron las consecuencias del conflicto en cuestión y desalentar cualquier ademán agresivo que pueda llegar a germinarse.

Para un abolicionista penal el sistema penal es venganza en su estado más puro. El ojo por ojo que, parafraseando a Gandhi, hará que -tarde o temprano- todos nos quedemos ciegos.

La violencia genera más violencia. Creer que con ella solucionaremos en algo las problemáticas que de por sí tienen todas las sociedades modernas representa, en el mejor de los casos, un acto de inocente ingenuidad; y, en el peor, un ejemplo más de cómo los poderosos y los sectores acomodados y poco solidarios con los que menos tienen suelen aceptar con beneplácito aquellas estructuras que contribuyen a la eterna indemnidad del statu quo.

Yendo aún un poco más lejos, pensamos con total convicción que la abolición de la cárcel, en su calidad de baluarte por excelencia del sistema penal vigente, traería aparejada la reducción del conflicto social, generando -como consecuencia de ello- una notable merma de lo que comúnmente los medios masivos de comunicación denominan “inseguridad”.

Si los políticos profesionales advirtieran esto (o, mejor, “si realmente quisieran advertirlo”) quizás podrían echar mano en forma más frecuente a la teoría y la praxis de la “no pena”. En esta dirección, el abolicionismo penal, hoy mala palabra, podría devenir tranquilamente “política pública” pasible de aceptación generalizada.

Para un abolicionista penal el sistema penal es un instrumento de engaño permanente. Selectivo y sectario. Sus “clientes” representan en altísimos porcentajes a las clases más pobres. A los excluidos de siempre. Difícilmente el sistema penal se meta con los poderosos, sino por el contrario Poder y Sistema Penal son aliados inseparables.

Un abolicionista penal descree absolutamente de cada una de las “teorías de la pena”. El castigo no reeduca, no previene conflictos ni reconcilia al infractor con la divinidad, no evita la venganza privada ni cohesiona a los actores sociales en un único e indiscutible paradigma social.

El castigo es castigo. Corporal y visible. Esta es la única realidad. Todas las demás son ideas tendenciosas, absurdas e interesadas que pretenden tapar el sol con el pulgar. Mentiras proclives a darle al Estado prerrogativas morales que claramente no tiene; y a la autoridad eventual, el “brazo armado” necesario para mantener -a capa y espada- su tan preciada posición de mando.

El abolicionismo penal no es un desarrollo meramente académico, snob y/o antojadizo.

Responde a múltiples influencias teóricas y antecedentes prácticos claramente identificables –como los movimientos abolicionistas de la esclavitud o de la pena de muerte, por sólo citar un par de ejemplos-.

Promover el abolicionismo penal no significa pretender que mañana mismo el sistema penal desaparezca o derrumbar las cárceles utilizando la violencia como método. Tampoco significa no hacer nada ante aquellos acontecimientos hoy catalogados políticamente como “delitos”.

A no confundirse. Que el abolicionismo penal no crea en soluciones punitivas recetadas normativamente por burócratas de traje y corbata, no significa que no promueva la regulación y/o solución de los conflictos referidos recurriendo a herramientas muchísimo más inteligentes, comprometidas y, sobre todo, capaces de aportar soluciones únicas e irrepetibles, atendiendo estrictamente a las particularidades -también únicas e irrepetibles- del caso en concreto.

Se alienta la constitución de mediaciones comunitarias y el traspaso de la regulación de situaciones conflictivas, hoy contempladas en el derecho penal, a la órbita civil y/o administrativa, en el marco de un plan de descriminalización progresiva de conductas y con el respaldo de una “decisión política” clara en el sentido de prohibir la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.

El abolicionismo penal no es una isla ideológica. Un abolicionista penal no cree que con abolir el sistema penal todo se soluciona de la noche a la mañana. Junto con la abolición progresiva y razonada del sistema penal resulta imperioso activar acciones sociales, políticas y económicas que  tengan como objetivo solucionar problemáticas estructurales urgentes como la desigualdad, el hambre, la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición infantil, la concentración hegemónica de los medios de comunicación, la multiplicación permanente de monopolios industriales y financieros -amparados por poderes políticos dóciles y justicias amigas-, la discriminación en todas sus variantes, y una interminable lista de etcéteras que no hacen más que evidenciar la enorme cantidad de falencias que quedan aún por resolver.

El abolicionismo penal no es un dogma autoritario ni un canto al positivismo epistemológico que busca hasta debajo de las piedras conocimientos objetivos y empíricamente verificables.

El abolicionismo penal se nutre de dudas e inquietudes permanentes y no de axiomas o mandamientos sacros.

El abolicionismo penal es –por definición- un ejercicio creativo, artístico y libertario.

Imaginación no punitiva y militancia.

Maxi Postay (31 de marzo de 2012)

LTF. Abolicionismo de la cultura represiva.

Fotografía original: Hiroshi Sugimoto

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